La justicia y la lucha contra el dopaje caminan por una dirección en España y por otra, muy distinta, en el resto del mundo. Por eso, en nuestro país se esperaba una resolución diplomática del caso Contador, una sanción al estilo nacional: quizás unos meses, no demasiados, que al tener ésta carácter retroactivo ya se habría cumplido. En definitiva, todos felices o al menos nadie demasiado descontento. Pero no, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha sancionado a Alberto Contador con dos años de suspensión por su positivo por clembuterol. Además de los dos años sin poder correr –podrá volver a las carreteras el 6 de agosto- será desposeído del Tour de 2010 y del Giro de 2011. Y por si fuera poco, el ciclista madrileño tendrá que devolver el 70% de sus ingresos brutos, que en el caso de Contador no es una cantidad baladí; algo más de 2.5 millones de euros.
Algunos alaban la imparcialidad del TAS por no someterse a injerencias políticas y a las presiones mediáticas. Otros, sin embargo, califican la resolución de exagerada, injusta y medida ejemplarizante para los demás. Sin caer en chauvinismos, estoy más de acuerdo con los segundos que con los primeros. La sanción, la máxima que se impone para casos de dopaje, no parece ajustarse mucho a derecho ya que a Contador se le condena por positivo y no por dopaje. La pena se le impone por consumir un suplemento alimentario contaminado. No hay autotransfusión ni pruebas de que la carne no estuviera contaminada. Yo no digo que Contador no se haya dopado, sólo digo que no se ha podido demostrar (del todo).
Ha sucedido lo contrario que acontece en España, donde abundan las pruebas y escasean las condenas.
Hay una cosa clara: había clembuterol en el cuerpo de Contador. No son los jueces los que tienen que demostrar cómo llegó el clembuterol al cuerpo del ciclista sino es Contador el que debe aportar las pruebas.
ResponderEliminarImpresionante anuncio de Nike
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